De acusados a acusadores

La discusión sobre el delito político parece nunca haber cesado a lo largo de la historia de nuestra nación. La guerra y la paz han contribuido, de maneras diferentes, a que en todos los periodos se discuta con pasión sobre su significado. En tiempos de guerra los presos se reivindican como delincuentes políticos y rechazan las acusaciones que los ubica como delincuentes comunes, terroristas o narcotraficantes; en los tiempos de paz, las palabras amnistía, indulto y, en estos últimos años, justicia transicional, comienzan a aparecer reiteradamente en los discursos de políticos, guerrilleros, militares y líderes sociales. La coyuntura actual sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha traído, nuevamente, la discusión sobre el delito político: los militares retirados se han atrincherado en sus escritorios y han criticado la amplia conexidad que pretende dársele al delito político; los guerrilleros han asegurado que es necesaria pues todos sus actos han perseguido el fin último de la rebelión, mientras el gobierno ha dejado en manos de la Corte Constitucional un pronunciamiento de fondo sobre el tema. La importancia que ha tenido el delito político en Colombia ha sido señalada constantemente para resaltar el rol que ha cumplido en la solución de los conflictos armados desde el siglo XIX. No obstante, se han hecho pocos esfuerzos para comprender el rol que jugaron los actores políticos en la definición de un concepto que permanece lejos de tener un significado unívoco.